¿Puede la comunidad prohibir una red de protección en el balcón? (según la ley portuguesa)

Importante: este artículo se basa exclusivamente en la legislación portuguesa (Código Civil portugués). En España la regulación de las comunidades de propietarios es distinta y no puede darse por equivalente. Si su vivienda está en España, consulte con un abogado o con el administrador de fincas.

Es una de las preguntas que más escuchamos en Portugal: ¿puede la comunidad de propietarios prohibir una red de protección en el balcón o la ventana? En muchos edificios la administración o los vecinos se niegan por la fachada. Pero cuando hay niños o animales en casa, la seguridad pesa más que la estética, y la ley portuguesa da argumentos sólidos a quien quiere proteger a su familia.

Explicamos qué dice la ley portuguesa, qué respondió DECO PROTESTE (la principal asociación de consumidores de Portugal) y qué decidió un tribunal. Es información general; cada caso debe estudiarlo un abogado.

Qué dice el Código Civil portugués

El artículo 1422.º del Código Civil portugués limita lo que pueden hacer los condóminos. Entre otras cosas, no pueden perjudicar, con obras nuevas o por falta de reparación, la seguridad, la línea arquitectónica o el aspecto estético del edificio. Las obras que modifiquen la línea arquitectónica o el aspecto estético solo pueden realizarse con autorización de la asamblea, aprobada por una mayoría de dos tercios del valor total del edificio.

La cuestión decisiva es si una red de protección cuenta como "obra nueva".

Una red desmontable no es obra nueva

Por obra nueva se entiende la que altera el edificio tal como lo recibieron los condóminos, desde el punto de vista de la seguridad y de la línea arquitectónica, es decir, los elementos estructurales que dan al edificio su individualidad. Una red de protección no hace eso: no tiene estructuras metálicas visibles, está hecha de filamentos de polietileno entrelazados, casi imperceptibles desde el exterior, y se fija con pequeños ganchos, por lo que puede retirarse con facilidad.

El dictamen de DECO PROTESTE

Un dictamen jurídico de DECO PROTESTE, dado a una consumidora, concluyó que una red desmontable no equivale a "obra nueva" y que, por tanto, quien quiere colocarla puede hacerlo sin necesitar la autorización previa de la asamblea de condóminos. El dictamen menciona el caso de una asociada, residente en un 4.º piso, con un hijo de 9 años y una sobrina de 1 año, a quien los vecinos propusieron una solución de acrílico, más cara y que obliga a cerrar el balcón.

Qué decidió un Juzgado de Paz

En 2024, el Juzgado de Paz de Vila Nova de Gaia (Portugal) examinó un caso en que una comunidad exigía retirar una red de balcón instalada en una vivienda con un niño pequeño y dos gatos. El tribunal entendió que la red, por ser desmontable, fijada con pequeños ganchos y casi imperceptible desde el exterior, no es una innovación en sentido jurídico y no necesita autorización de la comunidad. Consideró además que el acuerdo de la comunidad que la prohibía excedía los límites de la buena fe, y afirmó que la protección de la vida es más importante que la estética de la fachada. La comunidad perdió el pleito y asumió las costas.

Es una decisión de primera instancia y no vincula a otros tribunales, pero muestra cómo se tienen en cuenta los argumentos de seguridad.

Cómo trabajamos

• Nuestras instalaciones se hacen por el lado interior, sin tocar la fachada ni las zonas comunes.
• Las redes son discretas, en el color adecuado, y se sujetan con ganchos, sin obras.
• Si el administrador o los vecinos tienen dudas, disponemos de una carta explicativa, con el dictamen de DECO PROTESTE, para entregar a la comunidad (basada en la ley portuguesa).

Pida su presupuesto

El presupuesto es gratuito y sin compromiso. Envíenos fotos y medidas aproximadas por WhatsApp. Nuestros precios en España parten de unos 25 € por metro cuadrado, con material e instalación incluidos, y el desplazamiento se cobra aparte. Los valores son orientativos y pueden revisarse.

Trabajamos en Madrid y Barcelona. Este texto no constituye asesoramiento jurídico y se refiere únicamente a la legislación portuguesa.